Análisis a iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas SLP

 

San Luis Potosí.- En sesión de trabajo, diputados de la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo analizaron minuciosamente la iniciativa de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, que abroga la Ley de Auditoría Superior del Estado, que envió el gobernador doctor Juan Manuel Carrreas López  dentro del paquete de ocho normas de estudio preferente.

“Ya estamos en el análisis, no ha sido aprobada todavía, queremos ser  responsables y tratar de cuidar todo y cada uno de los aspectos por mínimos que sean de esa norma, yo creo que la semana que entra vamos a estar en posibilidades de votarla”, explicó el diputado J. Guadalupe Torres Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXI Legislatura.

La iniciativa analizada señala que la denominación de esta ley responde justamente a los objetivos que se persiguen con esta nueva disposición: la fiscalización y rendición de cuentas por parte de las entidades públicas.

Se precisa que la denominación de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí para este nuevo ordenamiento, conservando la definición de Auditoría Superior del Estado para el órgano encargado de dicha función, con la aclaración importante en este último caso, de que no se trata de un mero cambio de denominación al ordenamiento, ni de conservar en idénticas condiciones al ente superior de fiscalización, sino que a partir de estas nuevas disposiciones, se fortalece la autonomía técnica y de gestión de la Auditoria Superior; se otorga mayor alcance a sus funciones y atribuciones, todo ello acorde con la reforma constitucional que privilegia la coordinación de facultades de las autoridades que intervienen en el combate a la corrupción.

En cuanto a la revisión y fiscalización de la cuenta pública, se establecen los alcances y principios de la fiscalización y rendición de cuentas y se otorga a la Auditoría la facultad de auditar recursos provenientes de financiamientos. Es importante destacar que se le otorga autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su presupuesto, organización interna, estructura y funcionamiento, así como la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de sus atribuciones.

Se establece que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, será la encargada de coordinar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado, a efecto de que sus actuaciones se apeguen a las normas y procesos de auditoría, para lo cual se crea un órgano de asesoría técnica y apoyo a esta Comisión, denominado Unidad de Evaluación y Control, organismo que hace las veces de órgano de control y vigilancia del funcionamiento de la Auditoría. Es por ello, que dicho órgano superior no contará con una contraloría interna, dado que tales funciones las ejercerá la referida Unidad.

Esta Ley además prevé que los programas e informes que resulten de la fiscalización superior sean publicados en la página de Internet de la Auditoría Superior del Estado, en Formatos Abiertos conforme con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

La creación de esta nueva disposición corresponde al cumplimiento de los propósitos englobados en la reforma constitucional en materia anticorrupción, toda vez que impone la creación de una entidad que, dada su vinculación en el seno de los órganos que intervienen en la definición de políticas en materia de combate a la corrupción, contará con una verdadera autonomía, lo que le permitirá actuar con profesionalismo, capacidad y sobre todo imparcialidad, haciendo vigente la función de fiscalizar las cuentas públicas y generar con ello la  auténtica rendición de cuentas, exigencia ésta de la ciudadanía, lo cual contribuirá en gran medida al crecimiento y competitividad de nuestro Estado; entre otros preceptos.

El legislador Torres Sánchez indicó que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado está sesionando mínimo una vez por semana, cuando la norma les pide que sea por lo menos una vez al mes, con la finalidad de sacar adelante los asuntos que tiene pendientes.