– Anunció que Comisiones del Congreso Federal ya aprobaron el 30 % de los proyectos presentados.
El gobernador, Fernando Toranzo Fernández, anunció que los proyectos productivos presentados en la Cámara de Diputados han sido aprobados en un 30%, y reiteró su confianza en que, en la asignación de recursos que hagan los diputados, el estado potosino cuente con el apoyo necesario para obras y acciones detonantes de desarrollo.
El mandatario explicó que a la fecha aun faltan algunos rubros por aprobar por parte de las comisiones legislativas en temas como turismo y cultura, aunque confió en recibir información al respecto en los próximos días.
Toranzo Fernández reconoció el trabajo de la diputada federal, Delia Guerrero Coronado, en la gestión de recursos, por lo que aseguró que el panorama para los proyectos y obras presentadas es halagüeño.
En otros temas, respecto a las dificultades económicas registradas en estas primeras semanas de Gobierno, sostuvo que se ha encontrado con mucha comprensión de la ciudadanía, y si bien, “mover la rueda de Gobierno en esta etapa de crisis ha sido difícil, una vez ya caminando no nos va a parar nadie”, sostuvo.
El jefe del ejecutivo comentó además a los representantes de los medios de comunicación que a seis semanas de iniciado este Gobierno ha sentido el apoyo y la comprensión de la comunidad, y en respuesta a ese respaldo, se trabaja en la confección de nuevos proyectos de obra, en la Ley de Ingresos y Egresos así como en el Plan Estatal de Desarrollo.
Abundó en que su gobierno habrá de corresponder a la confianza ciudadana, a no aumentar los problemas de nuestra comunidad y a trabajar todos los días, con el máximo de los empeños y su experiencia de 30 años como servidor publico.
Finalmente, sobre la inconformidad de algunos miembros del personal de custodia de los Centros de Readaptación Social, por cambios de adscripción hacia el interior del estado, el mandatario asentó que son las autoridades las que marcan las pautas laborales, de manera que no es aceptable que se traten de imponer condiciones distintas a las que busca el Gobierno para la tutela efectiva de quienes están en proceso de readaptación social, aunque no descartó que se revise cada caso de manera independiente y receptiva.
