Dicho mandamiento judicial es resultado de la consignación de la averiguación previa AP/SLP/SLP-I/1108/D/2011, iniciada en contra del ahora procesado, por haber hecho uso de documentos apócrifos con membretes del Poder Judicial de la Federación, donde figuran nombres de algunos funcionarios que ya no se encuentran en ejercicio de la Función Pública en esta entidad; y, por haber promovido un Juicio de Amparo en el que se ostenta como abogado, sin tener título de dicha profesión.
De acuerdo con el expediente, un particular estuvo involucrado en un accidente, automovilístico y, como consecuencia de ello, contrató al ahora procesado como su abogado particular, y por lo mismo le entregó una fuerte suma de dinero por sus servicios; después de un tiempo, dicho particular le requiere resultados de su caso.
En respuesta, el ahora indiciado le entregó diversos documentos simulando una resolución judicial que beneficiaba al defenso, dictada, al parecer, por el Juez Tercero de Distrito.
Más adelante, el particular acudió a la instancia judicial mencionada para pedir información relacionada con su juicio, y presentó la documentación que tenía en su poder. En ese momento, la autoridad Judicial certifica que los documentos pues ahora se maneja por sistema digitalizado; así la documentación presentada por el particular no corresponden a la que emplea dicho órgano judicial. En ese momento se comprueba que es apócrifa.
En consecuencia, se radicó el proceso penal 4/2012-I; y se libró orden de aprehensión en contra del indiciado por los delitos mencionados; el mandamiento judicial fue cumplimentado por la Policía Federal Ministerial, que dejó al individuo a disposición de la autoridad judicial.
El encausado se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social Número Uno La Pila en la capital del estado, desde donde hará frente a su proceso judicial.
El Gobierno Federal a través de la Procuraduría General de la República actúa en el marco de la Ley para llevar ante la justicia a quienes infrinjan, y reitera su compromiso de usar todos los instrumentos jurídicos a su alcance para combatir a la delincuencia y recluir en prisión a los que atenten contra la sociedad.
