-ADEMÁS 110 MILLONES POR IRREGULARIDADES EN AYUNTAMIENTOS
San Luis Potosí.- Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado, explicó que suman un total de 748.46 millones de la Cuenta Pública 2014 lo que corresponde atender de manera institucional al Gobierno de San Luis Potosí, a través de distintas dependencias y entidades con el apoyo de la Contraloría General del Estado, mientras que por otro lado existen observaciones a atender directamente por parte de varios ayuntamientos potosinos, las cuales se estiman en el orden de 110.9 millones de pesos.
Rosillo Iglesias, informó que la dependencia a su cargo, atiende de manera puntual a los informes, comunicados y notificaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las observaciones al ejercicio de los recursos del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2014 de San Luis Potosí, para que las dependencias, entidades y funcionarios estatales responsables presenten la documentación soporte que permita aclararlas y solventarlas, o en su caso determinar las responsabilidades administrativas procedentes.
Rosillo Iglesias señaló que la Contraloría, como enlace con la ASF por parte del Poder Ejecutivo del Estado, responderá las diversas solicitudes de aclaración y pliegos de observación, así como atender las recomendaciones al ejercicio del gasto federalizado.
Dijo que las solicitudes de aclaración corresponden responder sobre el ejercicio de 594.78 millones de pesos, las cuales son de carácter preventivo y son un requerimiento a la entidad fiscalizada para que documente y respalde operaciones y montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.
En relación a los pliegos de observación, comentó que el Ejecutivo estatal deberá solventar el ejercicio de 143.68 millones de pesos, ya que éstos son de carácter correctivo al ser un importe en el que se presume un daño o perjuicio, o ambos, así como presunta responsabilidad de infractores.
Finalizó estableciendo que la presente administración reitera su compromiso con la sociedad de aplicar los recursos públicos con la legalidad, transparencia y rendición de cuentas debidas, así como atender puntualmente las observaciones derivas de las revisiones de los entes fiscalizadores.
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