La tarde de este martes, en el auditorio del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de San Luis Potosí, campus Ciudad Valles, se llevaron a cabo mesas de trabajo ciudadanas para el fortalecimiento del Reglamento Municipal de Derechos Humanos, una iniciativa impulsada bajo la encomienda del Presidente Municipal David Armando Medina Salazar. Este reglamento representa una herramienta fundamental para garantizar la protección de los derechos de todos los sectores de la población, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.
En representación del Presidente Municipal, asistió el Secretario General del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán, quien destacó la relevancia de estos ejercicios participativos, pues la construcción colectiva permite que la ciudadanía se sume de manera activa en el diseño de los lineamientos que regirán este importante instrumento normativo. Señaló además que Ciudad Valles se perfila como uno de los primeros municipios en San Luis Potosí en contar con un reglamento especializado en derechos humanos.
La jornada fue organizada por la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, encabezada por Verónica Estefanía Rodríguez Galván, en colaboración con el maestro en Derechos Humanos Ramón Ortiz García. Ambos enfatizaron que este reglamento no sólo busca armonizar con los principios fundamentales de los derechos humanos, sino también reconocer la realidad local y la voz de la ciudadanía como base para su legitimidad y aplicación.
Durante las mesas de trabajo, se promovió la participación directa de las y los asistentes mediante propuestas concretas que serán revisadas y analizadas para su posible inclusión en el documento final. Esta dinámica reafirma el compromiso del gobierno municipal por construir un marco jurídico sólido, moderno y sensible a las necesidades actuales de la sociedad vallense.
Estuvieron también presentes la C. P. Dalia Gricelda Torres Galarza; el Comisario José Juan Herrera Sierra, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; la y los Regidores Ma. Guadalupe Mendiola Acosta, Jorge Martínez Flores y Gerardo Roberto González Pérez, así como algunos funcionarios, personas con discapacidad, asociaciones civiles, Cruz Roja, Casa de los Niños María Teresa, Comisión Estatal de Derechos Humanos y ciudadanía en general.
