San Luis Potosí.- Derivado del cumplimiento de la legislación en materia de anticorrupción, la Contraloría General del Estado ha venido aplicando correctamente recursos presupuestales en previsión de las nuevas responsabilidades que debe asumir en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
El titular de la Contraloría General del Estado, José Gabriel Rosillo Iglesias informó que el Órgano de Control a su cargo no ha desviado recurso alguno como se ha señalado, “las instituciones que formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización tenemos obligaciones anticorrupción derivadas de la nueva normatividad, y hemos cumplido cabal y transparentemente con la ejecución de estas”, señaló el titular de la dependencia.
Ante la solicitud de información realizada a la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí a través su Unidad de Transparencia, y divulgada en diversos medios de comunicación, Rosillo Iglesias señaló que la información entregada por esta institución de gobierno no omitió dato alguno en el ejercicio de los recursos etiquetados por la Secretaría de Finanzas como parte de la partida presupuestal denominada Sistema Anticorrupción.
La Secretaría de Finanzas incluyó algunos proyectos de inversión en una partida que denominó Sistema Anticorrupción, en virtud de las responsabilidades que en la materia tiene la Contraloría, como son la Contraloría Social y la plataforma para la presentación de declaraciones patrimoniales.
En este caso, el recurso para la premiación del Concurso Estatal de Contraloría Social se ha entregado anualmente desde 2008, y desde 2017 fue etiquetada por la autoridad correspondiente en la partida Sistema Anticorrupción.
En cuanto a los recursos para el funcionamiento del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción, se debe diferenciar al órgano operativo, del propio SEA.
El primero aún no existe, que sería el Secretariado Ejecutivo, y por tanto no tiene recursos, mientras que para las instituciones que forman parte del SEA ya hay obligaciones desde que se publicaron las disposiciones a nivel federal en julio 2016 y se aplican recursos en previsión del cumplimiento de las nuevas obligaciones adquiridas”, indicó Rosillo Iglesias.
En ese tenor, la Contraloría General del Estado recibió en 2017 recursos por parte de la Secretaría de Finanzas por un monto de 800 mil pesos como fue señalado, mismo que fue destinado en su totalidad al licenciamiento, equipamiento y capacitación del sistema DECLARANET, el cuál será para que los funcionarios públicos realicen de forma anual su declaración patrimonial conforme a los nuevos lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que lejos de ser un acto irregular, es un acto de suma responsabilidad con el objetivo de estar en posibilidades de cumplirle a la sociedad.
Desde origen se solicitó el recurso para ejecutarlo por la Contraloría General del Estado en razón de nuestras atribuciones y obligaciones, y no por órgano diferente, por lo que no existe desvío alguno.
Para que el Comité de Participación Ciudadana acceda a recursos, ellos deben proceder a convocar para el establecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual es un órgano descentralizado no sectorizado del Gobierno Estatal, y para el cual antes se debe formar el Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción a convocatoria del representante del Comité de Participación Ciudadana, cosa que no ha realizado, incluso a sugerencia de la Contraloría General del Estado para que se constituya de inmediato”, manifestó el Contralor General del Estado.
Asimismo, desde la Secretaría de Finanzas se dio a conocer que no hay desvío alguno de recursos en virtud de que se justificó plenamente el recurso asignado a Contraloría General del Estado, para el cumplimiento de obligaciones locales de esa dependencia derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que la denominación de la partida no tiene nada que ver con los recursos para el Secretariado Ejecutivo del SEA que aún no se conforma.
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