* Por mayoría afirmativa el pleno de la Cámara de Diputados y todas las fracciones parlamentarias apoyaron el punto de acuerdo ue solicito la diputada Terán Guevara a favor de que se concluyan las obras de manera íntegra, y se entreguen los recursos acordados para los proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas
En la sesión del Congreso de la Unión de este jueves, la Diputada Federal Rebeca Terán Guevara solicito el uso de la palabra en tribuna para pedir un punto de acuerdo en el caso de los recortes al Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas aprobado para el año 2012, en el que se sufrieron severos recortes presupuestales por parte del Ejecutivo Federal a pesar de haber firmado el acuerdo de coordinación en su modalidad de proyectos estratégicos.
En ese sentido la legisladora federal reveló que el Ejecutivo Federal modificó los lineamientos y realizó más de 800 recortes presupuestales a nivel nacional, con lo que violentó el principio de la supremacía de la norma jurídica y puso como ejemplo el caso de San Luis Potosi; desde tribuna solicito un punto de acuerdo para exigir que el Ejecutivo federal cumpla los acuerdos presupuestarios pactados en todos y cada uno de los estados del país, y se respeten las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el punto de acuerdo se puso a votación en la Cámara de Diputados votando por mayoría de manera afirmativa por su urgente resolución.
Terán Guevara señaló que en el caso de San Luis Potosi para la ejecución de 42 obras de infraestructura en comunidades indígenas se pactó una aportación tripartita inicial de 460 millones, 396 mil 615 pesos; sin embargo el Ejecutivo Federal en el mes de julio tomó la determinación de aplicar una reducción presupuestaria de recursos federales, por 87 millones, 188 mil 643 pesos, afectando de entrada 19 obras.
Dos meses después, el 14 de septiembre de este año, nuevamente el Ejecutivo determinó aplicar una nueva reducción presupuestaria del recurso federal, por 90 millones, 972 mil 188 pesos, afectando con ello 38 obras, es decir, el 84.44 por ciento.
La legisladora federal señaló que estas obras llevan un 55 por ciento de avance, sin embargo, al recortar el 40 por ciento de los recursos quedarán inconclusas y la entidad enfrentará diversos problemas. Al haberse licitado las obras y estando contratadas en términos legales, el estado y los municipios ejecutores deberán enfrentar litigios y sanciones que obligan al pago de indemnizaciones o a sus equivalentes.
La Diputada recordó que en el reciente Informe de gobierno, sexto y último de esta administración que presentó el ejecutivo federal al Congreso de la Unión señala como uno de sus objetivos prioritarios incorporar plenamente a los pueblos y las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país; sin embargo, las acciones y las omisiones reflejan otra realidad, puntualizó.
Finalmente Rebeca Teran Guevara destacó que la no conclusión de obras provocará la pérdida de recursos utilizados en los inicios de las mismas, contraviniendo los principios de eficacia y eficiencia presupuestal, además de estar eliminando a las poblaciones indígenas la posibilidad de nuevas oportunidades, una mejor calidad de vida y desarrollo.
A tribuna subieron diputados de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, del PRD, del Partido Verde Ecologista de México, de Acción Nacional y finalmente del Partido Revolucionario Institucional para manifestar su apoyo irrestricto al punto de acuerdo que solicito la Diputada Terán Guevara, en la que el pleno exigirá que se realicen las obras de manera íntegra como se aprobaron en un inicio y se entreguen los recursos acordados por los proyectos estratégicos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.
Al término de la moción presentada por la legisladora potosina, el pleno del congreso voto afirmativamente apoyando los exhortos al Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para respetar lo establecido.
