San Luis Potosí.- El Congreso del Estado se suma a las acciones en relación a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para seis municipios de San Luis Potosí, coincidieron en señalar las 9 diputadas que integran la LXI Legislatura del Congreso del Estado.
Así lo manifestaron las diputadas Esther Angélica Martínez Cárdena (PRI), Rebeca Terán Guevara (PRI), Martha Orta Rodríguez (PRI), Josefina Salazar Báez (PAN), Xitlálic Sánchez Servín (PAN), María Graciela Gaitán Díaz (PRD), Dulcelina Sánchez de Lira (PRD), Guillermina Morquecho Pazzi (PANAL) y, Lucila Nava Piña (Movimiento Ciudadano).
Esto, luego de que el día de ayer, 21 de junio, se diera a conocer la emisión de la Declaratoria de Alerta de Género por parte de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para los municipios de: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.
Indicaron que coadyuvarán en las acciones que se realicen para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas de la entidad.
Señalaron que a partir de esta declaratoria, será también obligación del Poder Legislativo el coadyuvar con las diferentes entidades estatales y municipales en el diseño del programa de trabajo que permita implementar distintas medidas de seguridad, prevención y justicia.
Resaltaron que la Alerta de Género hace énfasis en la capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; campañas de prevención para estudiantes, profesoras y profesores y la sociedad general.
Como parte de las acciones derivarán de esta Declaratoria, el Poder Legislativo se sumará a las acciones de difusión de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se van implementar en los seis municipios señalados en la alerta de género; e incluyendo además a todos los municipios del estado.
Agregan que la emisión de la Alerta de Género contra las Mujeres representa una oportunidad para reencauzar los canales de comunicación y coordinación entre organizaciones de la sociedad civil y las autoridades estatales en tres ejes de trabajo: prevención, seguridad y acceso de las mujeres a la justicia.
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