San Luis Potosí.- En sesión ordinaria el pleno del Poder Legislativo, previo cómputo de votos de ayuntamientos potosinos, declaró aprobadas las reformas a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí en materia de procuración de justicia, para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); y eliminación del fuero, para que ningún funcionario público mantenga este privilegio.
La reforma constitucional relacionada a la eliminación del fuero constitucional de funcionarios públicos fue avalada por 36 ayuntamientos potosinos que son: Ahualulco, Alaquines, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Ébano, El Naranjo, Huehuetlán, Lagunillas, Matehuala, Matlapa, Moctezuma, Rayón, Rioverde, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuatla, San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, Venado, Villa de Arista, Villa de Ramos, Villa Juárez y Xilitla.
La reforma constitucional en materia de procuración de justicia fue avalada por 39 ayuntamientos potosinos que son: Ahualulco, Alaquines, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Ébano, Huehuetlán, Lagunillas, Matehuala, Matlapa, Moctezuma, Rayón, Rioverde, Salinas, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, San Martín Chalchicuatla, San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Tamasopo, Tamazunchale, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, Venado, Villa de Arista, Villa de Ramos, Villa Juárez, Xilitla,
Por lo anterior, el pleno del Congreso del Estado emitió la declaratoria de validez de las reformas constitucionales mencionadas y ordenó remitirlas al Poder Ejecutivo, junto con las certificaciones de los votos de los ayuntamientos, a fin de que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado y se proceda en consecuencia.
Además, se instruyó a las Comisiones de Gobernación; y Justicia aplicar las sanciones que contempla la ley a los ayuntamientos que no se pronuncien respecto a estas reformas constitucionales antes del 3 de noviembre del año en curso.
—
