Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto para la emisión de Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí

San Luis Potosí 25/4/13.- En sesión ordinaria el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Justicia; Puntos Constitucionales; Derechos Humanos, Equidad y Género; y Transparencia y Acceso a la Información Pública que expide la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí, la cual tiene como objetivo garantizar que el ejercicio del periodismo se desarrolle en condiciones de respeto, seguridad y libertad para las personas que lo ejercen. 
Con este ordenamiento se configuran mecanismos legales para poner a salvo el ejercicio de las libertades básicas de expresión, imprenta e información. No se trata de generar un régimen de excepción para personas que se dedican a informar o comunicar,  sino de tutelar un bien social; en todo caso, como sostuvo Benedetto Croce, “la libertad es singular, siempre que exista la libertad plural”.
En esta ley se establece que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado celebre convenios con instituciones de educación pública y privada en los niveles básico, medio superior y superior, con el fin de lograr alternativas de profesionalización para los periodistas del Estado.
Además, al ser conscientes del peligro al que se enfrentan los periodistas en el ejercicio de su profesión,  se integra un artículo en el que se hace remisión al Título Cuarto de la Ley de Atención a la Víctima del Delito del Estado,  denominado “Del Fondo de Apoyo a las Víctimas del Delito”, en éste se define cómo se integra y el destino del mismo. Así, y en atención al principio de que la ley debe ser general y abstracta, se habrá de dar apoyo a todas aquellas personas que hayan sido o sean víctimas de un ilícito, incluyendo por supuesto, a los periodistas.
 
Lo anterior, señala el dictamen aprobado, porque según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), nuestro país es el más peligroso de América para ejercer el periodismo, con al menos 66 periodistas asesinados en los últimos diez años; cifra a la que hay que sumar los profesionales amenazados, atacados, heridos o que han debido exiliarse. En el informe de 2012 sobre la seguridad de los periodistas y el riesgo a la impunidad publicado por la UNESCO, se registra un alarmante crecimiento en el número de periodistas asesinados en México, estos datos recabados durante 2011, no toman en cuenta el crecimiento de la violencia durante el último año en distintas entidades, entre ellas San Luis Potosí.
 
La labor periodística al verse amenazada por las circunstancias que vive nuestro país, no sólo afecta a quienes se dedican a informar y buscar la noticia, sino que perjudica también a sus familias que pueden llegar a sentirse inseguras, atacadas y sobre todo sin sustento económico. 
El ejercicio de la libertad de expresión,  de imprenta y el acceso libre a la información pública, no se pueden garantizar mientras estén amenazados. Y es que el periodista y los medios de comunicación son quienes cumplen las labores sociales de información, análisis de situaciones, denuncia ciudadana, evidencia, proyección y reflejo a los principales problemas sociales. En los tres casos se trata de prerrogativas generales, es decir, son de toda la ciudadanía y están estrechamente vinculadas con el ejercicio del periodismo. 
Los medios de comunicación y los periodistas han de ser canal indispensable de cohesión colectiva, que cumplen funciones sociales prioritarias: informar, comunicar, analizar, denunciar, evidenciar, proyectar, y reflejar los problemas sociales.
 
Las afectaciones cometidas en contra de los periodistas son, en realidad, agravios contra la sociedad entera. En el momento actual, el clima de inseguridad ha generado que México se haya convertido en un país donde el periodismo es una actividad profesional riesgosa.
 
San Luis Potosí no tiene todavía un índice tan alto en la comisión de delitos contra periodistas. Pero los casos presentados en meses recientes, son motivo suficiente para que el Poder Legislativo actúe en consecuencia, al proveer escenarios que acontecen en otras regiones del país.