Abogados presentaron documentación oficial al Congreso del Estado de San Luis Potosí de varias irregularidades cometidas por la titular de la Auditoría Superior del estado, ASE, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, con la intención de destituirla del cargo.
Efraín Salazar Torres y Juan José frías Aguilera de la asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad A.C., aseguraron que en el Poder Legislativo cuentan con elementos suficientes para destituirla del cargo pues desde su elección incumplía requisitos para ser titular de la ASE.
De las últimas inconsistencias detectadas en la dependencia se destaca que en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado incumplieron con la publicación de las cuentas financieras en el portal de transparencia, tal y como lo obliga la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la propia Auditora justificó los hechos al no sancionarlos ni observarlos.
“La Auditoría Superior del Estado debe ser clara y ahora dice que el Poder Judicial está intocable, que sus cuentas están claras, solamente hay que ver que en el portal de transparencia, las cuentas públicas no se encontraron, violando con eso 29 artículos de la Ley de Contabilidad, nos deja pensar que posiblemente haya un acuerdo de no auditar y eso es una violación constitucional y administrativa”.
Lamentaron que desde la ASE se esté acusando de manera ofensiva a los diputados locales de ignorantes, porque desconocen el trabajo que se está haciendo en el organismo rendidor de cuentas “les vamos a hacer llegar a los diputados una relación de causales, tenemos la capacidad técnica para demostrar una serie de señalamientos que hay, mismas que ameritan la destitución inmediata de la funcionaria de parte del Poder Legislativo, para este caso no se necesita un Juicio Político porque hay ineptitud, ineficacia e inoperancia, se está dañando al erario público”.
Prueba de todo lo expuesto, es que apenas el lunes, el pleno del Congreso del Estado, rechazó los informes generales e individuales de 115 entes auditados, porque incumplieron con la normatividad.
