* Para 2017 los estados deberán contar con, por lo menos, un Centro de Justicia para Mujeres.
* SLP ya cuenta con dos de esos centros y para 2016 contará con otro.
* También se creará una base de datos nacional de violencia contra las mujeres.
Ciudad de México.- A fin de brindar respeto absoluto a los derechos de las mujeres, que permita erradicar toda violencia en su contra, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, aprobó las propuestas realizadas por el gobernador de San Luis Potosí Juan Manuel Carreras López, a nombre de los mandatarios, para que se instale por lo menos un Centro de Justicia para Mujeres en cada una de las entidades federativas, y construir una base de datos nacional sobre la violencia contra las mujeres.
Al concluir la XXXIX Sesión del CNSP, celebrada en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que San Luis Potosí ya cuenta con dos Centro de Justicia para Mujeres (en la Capital del Estado y en el municipio de Rioverde) y para el año próximo tendrá en operación uno más en el municipio de Matlapa, con lo cual se ha adelantado a la propuesta aprobada por el CNSP.
Por su parte, el Presidente Enrique Peña Nieto, indicó que la ruta a seguir en los siguientes años es redoblar el paso y asumir cada orden de gobierno su responsabilidad frente a uno de los mayores desafíos, e irrenunciable del estado democrático de brindar seguridad a la población.
Peña Nieto definió cinco líneas de acción: Acelerar la profesionalización de los integrantes de las corporaciones de seguridad especialmente del orden local; concretar un sistema de emergencias de respuesta inmediata, con el 911; apoyar con decisión la plena implementación del sistema de justicia penal acusatorio, y contar con el capital humano preparado; reforzar las acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos y fortalecer la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de de la política de estado en materia de seguridad y justicia.
Carreras López reconoció que a cinco años de la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, estos espacios se han consolidado como una opción donde ofrecen servicios integrales para quienes han sido víctimas de la violencia.
Ante una realidad donde sólo el 14 por ciento de las mujeres se acercan a las autoridades para solicitar ayuda, el gobernador potosino dijo que es necesario que por lo menos, antes de agosto de 2017, cada una de las entidades federativas cuente con un de esos centros, con los recursos suficientes para su operación, así como constituir una base de datos nacional sobre la violencia contra las mujeres, “con el fin de seguir avanzando en el diseño e instrumentación de políticas asertivas, que nos ayuden a dar un salto hacia una vida libre de violencia por cuestiones de género”.
En la reunión también se lograron acuerdos muy importantes como la estandarización de los servicios de atención de llamas de emergencia; el desarrollo de una nueva metodología para la evaluación de las bases de datos criminalísticas y de personal, así como la elaboración de una norma técnica para uniformar las características e inter operatividades de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública de la entidades.
Además se acordó que las entidades se comprometen a establecer medidas de revisión y control para garantizar que ninguna corporación estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada empleen uniformes o vehículos con colores, imágenes, o diseños similares a los de las fuerzas armadas, para evitar confusión en la ciudadanía.
Entre los acuerdos, destaca el programa nacional de certificación, calidad y permanencia de titulares y personal especializado de los centros de evaluación y control de confianza, y la implementación del Certificado Único Policial.
Al evento asistieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el secretario de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón; el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda; la procuradora General de la República, Arely Gómez González, así como los gobernadores y gobernadora de las entidades federativas, y representantes de la sociedad civil.
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