- Pasó de 200 millones de dólares (mdd) en 2020 a 300 mdd en 2022
- Se pone en riesgo la vida de agricultores, cultivos y el medio ambiente
- Autoridades han sido omisas y el fenómeno se extiende en todo el país
El valor de los plaguicidas ilegales que se usan en el campo nacional aumentó 100 millones de dólares al pasar de 200 millones en 2020 a 300 millones de divisa norteamericana en 2022, lo que refleja la falta de atención del gobierno federal en el control de productos fitosanitarios.
Así lo aseguró en entrevista el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), Luis Eduardo González Cepeda, quien agregó que es preocupante observar cómo continúa la venta de productos ilegales sin restricciones, sin consignación de responsables ante la autoridad, ni vigilancia en la materia.
Agregó que “estamos preocupados porque en el 2020 había 200 millones de dólares de productos ilegales, de esa fecha para acá, no ha habido ninguna mejora, ha empeorado y continúa el crecimiento de los productos ilegales”.
Actualmente, aseveró, calculamos que sólo en el tema de plaguicidas el valor de productos ilegales sobrepasa ya los 300 millones de dólares, todos aquellos que no tienen registro, están adulterados o proceden de robos.
A pesar del peligro que representan para la vida de los agricultores y sus familias, el medio ambiente y la producción de alimentos, la autoridad no ha hecho nada sobre este tema, por lo que la UMFFAAC hace un llamado a que se aplique la ley.
González Cepeda, apuntó que el agricultor que compra un producto sin registro o adulterado puede perder su cosecha o hasta la vida, toda vez que la sustancia que contiene dentro del envase no necesariamente es la que dice en la etiqueta y eso puede causar intoxicaciones tanto a agricultores como a los consumidores de vegetales, frutas y verduras donde se realizó la aplicación.
La normatividad exige que los plaguicidas estén registrados específicamente para el cultivo y la plaga que tiene como objetivos controlar. Esta regulación es muy robusta, se rige por estándares y criterios internacionales de toxicidad, persistencia, y límites máximos de residuos.
Dichos criterios son establecidos por organismos internacionales de seguridad alimentaria y están fundamentados en evidencia científica. El objetivo es asegurar que cualquier residuo que pueda permanecer en el alimento tras su aplicación sea seguro para el consumo humano, lo cual no sucede con los productos ilegales, al no pasar por el proceso de registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Esta situación también se aplica a los productos orgánicos utilizados para el control de plagas. A pesar de su origen natural, estos pueden presentar desafíos para la salud sino se manejan adecuadamente.
El mercado ilegal crece porque el gobierno no ha implementado inspecciones, confiscación de productos ilícitos, investigaciones exhaustivas, ni mucho menos consignaciones, en este sentido es de reconocer la preocupación que ha manifestado el Gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, a cargo de Paulo Bañuelos Rosales quien está impulsando el “Programa Guanajuato Zona Premium de México”.
En dicho programa se establece una base legal y operativa para que, con el uso de actos de autoridad, se evite que los plaguicidas de uso agrícola se utilicen en condiciones que no se apeguen a la normatividad que indican la COFEPRIS, SENASICA y SEMARNAT.
En este proyecto, se espera que los negocios de agroquímicos estén debidamente dados de alta, registrados, regularizados legalmente, al igual que todas las tiendas de agroquímicos y las empresas de fumigación tanto agrícolas como urbanas, lo que repercutirá en la salud de todos.
Añadió González Cepeda, que la iniciativa reviste particular importancia para el estado de Guanajuato y debería ser tomada como ejemplo en otras entidades.
Lo anterior debido a que la actividad agropecuaria en Guanajuato representa, según el INEGI, 5.3 por ciento del producto interno bruto, lo que incide en aproximadamente el 15 por ciento de la economía estatal por la generación de empleo directo e indirecto, toda vez que se demandan insumos como combustibles, fertilizantes, semillas, energía; así como maquinaria y equipos especializados.
Por último, el presidente de la UMFFAAC señaló que la actividad primaria es un tractor que impulsa las economías regionales que benefician a los estados y por consiguiente al país.
