San Luis Potosí.- Los diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Justicia; y Vigilancia continuaron con el análisis a las iniciativas relacionadas con la implementación del Sistema Anticorrupción en el Estado de San Luis Potosí.
En esta sesión de trabajo, se avanzó en la integración de los dictámenes para expedir la nueva Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí; Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí; y la reforma y adición a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
Además, del análisis a las iniciativas Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de San Luis Potosí; y Código Procesal Administrativo del Estado de San Luis Potosí.
El legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia manifestó que se tiene un avance muy importante en la integración de éstos expedientes, “y se están perfeccionando con los últimos puntos de vista los legisladores, se está generando el consenso para poder votarlo”.
Indicó que además de la propia Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado tiene una gran importancia, ya que abrogará la Ley de la Auditoría Superior del Estado dotando a éste órgano de fiscalización de facultades y obligaciones específicas para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos por parte de los diferentes entes de la administración pública estatal y municipal.
Además de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo, “con la creación de salas unitarias, que en la actualidad está integrado por 3 magistrados que resuelven todos los casos de manera colegiada, y ahora van a ser 4 magistrados unitarios, y cada uno de ellos podrá resolver de manera unitaria, uno que va a conocer de temas de apelación en contra de las decisiones de éstos y de esta manera se va a avanzar más rápido en la solución de los asuntos, porque cada magistrado va a resolver de manera individual los casos que se les asignen”.
Torres Sánchez expresó que el objetivo es contar con un marco jurídico completo que “tape de manera total, absoluta y plena el paso a la corrupción; castigue a quienes han defraudado a los potosinos y que persiga siempre el tener funcionarios de primera, que los potosinos estén seguros que habrá normas que castiguen cuando algún servidor público actúe de manera incorrecta”.
