- Las controversias relacionadas con procesos son atendidas, en primera instancia, por las autoridades electorales locales (OPLE).
Ciudad de México. En 2027 se renovarán 17 gubernaturas, además de congresos locales, ayuntamientos y la Cámara de Diputados federal, por lo que una parte importante de las actividades partidistas y de los procedimientos que eventualmente puedan derivar en denuncias se desarrollarán en el ámbito local, lo que pondrá a prueba todo el Sistema Nacional Electoral.
En el seno del Instituto Nacional Electoral (INE), se comienza a perfilar una discusión abierta en el seno del Consejo General sobre las actividades políticas desarrolladas antes del inicio formal del proceso electoral, lo que ha colocado bajo los reflectores al resto del Sistema Nacional Electoral, particularmente a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), quienes por competencia son los responsables de organizar las elecciones en las entidades federativas.
En ese contexto, las controversias relacionadas con procesos para gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos continuarán siendo atendidas, en primera instancia, por las autoridades electorales locales, conforme a las competencias establecidas en cada legislación estatal.
De esta forma, los organismos electorales de las entidades federativas enfrentarán el reto de ejercer plenamente las atribuciones que ya les confieren las leyes locales para conocer, sustanciar y resolver los procedimientos que correspondan dentro de su ámbito de competencia, sin perder de vista que cualquier modificación de carácter general al régimen jurídico electoral corresponde al Poder Legislativo federal.
La máxima autoridad federal electoral ha sido enfática en señalar que, durante la sesión del Consejo General del pasado 27 de mayo, el debate no negó la existencia de actividades políticas previas al proceso electoral, sino que la discusión se centró en determinar si la legislación vigente otorga al INE una base jurídica suficiente para emitir reglas generales en una etapa que la ley no regula expresamente.
En este caso, no se modificó la distribución de competencias prevista en el Sistema Nacional Electoral, ya que mientras el INE ejerce las atribuciones que la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le confieren en materia federal, los OPLE mantienen la responsabilidad de organizar las elecciones locales y ejercer las facultades que les asignan las constituciones y leyes electorales de cada entidad.
El INE ha destacado que este debate ha evidenciado que la actividad política de los partidos ha comenzado a desarrollarse con mayor anticipación rumbo a las elecciones de 2027, tanto en el ámbito federal como en el local.
En los hechos, todas estas actividades partidistas han abierto una discusión jurídica sobre el alcance de las atribuciones de cada autoridad electoral y sobre la suficiencia del marco normativo vigente para atender fenómenos que hace algunos años no se presentaban con la misma intensidad.
Con la renovación simultánea de 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados federal, el proceso electoral de 2027 será también una prueba para la coordinación entre el INE y los organismos públicos locales electorales, en un escenario donde la actividad política comienza cada vez con mayor anticipación y exige respuestas institucionales dentro de los límites que establece la ley.
