San Luis Potosí 21/5/13.- El Congreso del Estado está en espera de que el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA), les entregue un informe sobre las demandas de laudos laborales que existen sobre los 58 ayuntamientos de la entidad, así como el monto económico que éstos representan.
El diputado Alfonso Díaz de León Guillén, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, informó que “hace más de un mes que se le solicitó respetuosamente al TECA un expediente de los laudos laborales que existen sobre los ayuntamientos y estamos en espera de que nos lo entreguen”.
Puntualizó que “para los diputados que integramos las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal es muy importante contar con información sobre las condiciones de deuda que enfrentan cada uno de los ayuntamientos, así como de los laudos laborares”.
La información sobre los laudos laborales y los montos económicos que estos representan para los ayuntamientos, es de vital importancia conocerla, para saber si los ayuntamientos tienen capacidad de solicitar nuevamente la contratación de deuda pública.
El diputado Alfonso Díaz de León Guillén precisó que están en espera de que el tribunal les entregue la información, pero, en caso de ser necesario, respetuosamente les volveremos a solicitar la información.
Explicó que la reciente modificación a la Ley de Trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas del Estado, para que se establezca el tope de pagar 365 días por concepto de laudos laborales, representa “un freno a los pagos millonarios que estaban obligados a hacer ayuntamientos que eran demandados por supuestos despidos injustificados”.
Puntualizó que actualmente los 58 ayuntamientos del estado enfrentan problemas económicos, y muchos de ellos, son derivados de laudos laborales millonarios que han tenido que cubrir, por ello, “es importante poner freno a estas medidas”.
El diputado Díaz de León Guillén hizo énfasis que siempre se van a respetar los derechos laborales de las personas, y quienes hayan sido despedidos injustificadamente tienen todo el derecho de defender sus intereses; pero, “tenemos que establecer medidas para evitar los laudos millonarios que representan un riesgo para la administración pública”.
