- La Oficialía Mayor exige nuevos requisitos a sus proveedores, tales como fotografías y coordenadas geográficas de los domicilios, cuyas medidas se tomaron con apoyo de Organismos de la Sociedad Civil.
- En el caso de contratistas de obras, su registro se encuentra digitalizado desde 2017 y se coteja minuciosamente la documentación.
San Luis Potosí.- Desde el 2018, el Gobierno del Estado fortaleció los padrones de proveedores y contratistas a fin de blindarse de empresas que presentan irregularidades en sus domicilios, y que son señaladas de facturar operaciones simuladas, garantizando así la correcta entrega de bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales, informaron la Oficial Mayor y el Contralor General del Estado, Ada Amelia Andrade Contreras y José Gabriel Rosillo Iglesias.
Detallaron que el año pasado, con el respaldo de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil, se realizaron modificaciones para crear un Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, el cual, además de los requisitos estipulados en el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, establecerá los necesario con el objeto de inhibir el empadronamiento y contratación de empresas y personas físicas que efectúen operaciones simuladas o inexistentes, tomado en consideración el listado definitivo publicado por el Servicio de Administración Tributaria.
Además de la creación de un Sistema Electrónico para la inscripción, trámite y expedición de la Cedula del Registro Estatal Único de Contratistas, para inhibir el empadronamiento y contratación de empresas y personas que efectúan operaciones simuladas o inexistentes.
Destacaron que, en el caso de proveedores de medicamento oncológico y controlado, equipo médico especializado, tecnología, equipo de cómputo y telecomunicaciones, deberán evidenciar con el documento correspondiente que están acreditados como distribuidores autorizados por el fabricante original.
Además, señalaron que la Oficialía Mayor solicita de manera obligada a quienes deseen obtener cédula de registro, fotografías georreferenciadas de su domicilio fiscal, legal o convencional donde vaya al menos una fachada del negocio, así como fotografías de la entrega de los bienes, y constancias de todos los domicilios disponibles, entre otros.
Así mismo, se informó que, en el caso de contratistas de obras, su registro se encuentra digitalizado desde 2017 y se coteja minuciosamente la documentación presentada a fin de evitar su falsificación.
En respaldo de lo anterior, el Gobierno del Estado ha emitido un acuerdo administrativo que tiene como objetivo inhibir la contratación de estas empresas que con el objeto de evadir sus responsabilidades fiscales su domicilio reportado no corresponde con el real, o bien es inexistente.
Respecto de la empresa señalada, denominada 79 Integración Empresarial Center, cuyas operaciones se informaron en medios de comunicación, la Oficial Mayor señaló que se registró una operación en el Periódico Oficial por un monto de 26 mil pesos en 2017, y que por otra parte también en la Secretaría de Educación se detectaron tres operaciones por un monto de 556 mil 924 pesos con 70 centavos, por concepto de papelería, que datan de diciembre de 2017 y los primero días de 2018, aun cuando no se contaba con las medidas planteadas, por lo que ya se investiga a fondo para determinar la confiabilidad de dichas operaciones.
Sobre el particular, el Contralor General manifestó que los respectivos Órganos Internos de Control verificarán la provisión de los bienes y servicios en dichas dependencias por parte de la empresa referida.
De esta manera, el Gobierno del Estado reitera su compromiso para que sus contrataciones sean transparentes y apegadas a la legalidad.
