-Registro Agrario Nacional, Juzgado Séptimo Federal y Tribunal Agrario 43, pudieran estar violentando la ley para beneficiar a CEMEX y 2 Termoeléctricas.
San Luis Potosí.- Con fecha 1 de diciembre de 2021, dentro del expediente 91/2019, que se ventila en el Juzgado Quinto de Distrito, apoderado legal del ejido Las Palmas, solicito la “clausura” de las dos termoeléctricas instaladas en ese poblado.
A pesar de que tienen casi 20 años en operación, dentro del expediente el ayuntamiento de Tamuin, no dieron respuesta en tiempo y forma al ejido, por lo que se solicitó la clausura de las Termoeléctricas del Golfo y Peñoles por no contar con licencias de funcionamiento, no estar al corriente con uso de suelo industrial.
Ernesto Márquez Torres, apoderado legal del ejido Las Palmas, agrego que en relación a ese expediente comparece el comisariado ejidal, Rosendo Martínez González, persona que siempre ha estado a favor de Termoeléctricas y CEMEX, presentaron lo mismo, donde supuestamente el ejido revoco el poder, lo mismo que presentaron al Tribunal Agrario y Juzgado Séptimo Federal, donde se violenta la ley para beneficiar a dichas empresas, donde ya hay un amparo para hacer prevalecer la ley.
Ya que en Juzgado Quinto, el actual comisariado ejidal, acudió a solicitar revocación del poder, pero la secretaria acuerda “No ha lugar”, porque no presentan copia certificada del acta de asamblea donde está revocando el poder en asamblea, ya que el poder fue otorgado en la asamblea 2011, en el punto número 10, donde establece que el comisariado ejidal “no” tiene facultad para revocar el poder.
Juzgado Séptimo y Tribunal Agrario 43, resoluciones, están siendo sorprendidos pero ya se presentó un amparo, para hacer respetar la ley.
Márquez Torres, lamento que la empresa Cementos Mexicano, CEMEX México, corrompa las instituciones para lograr sus beneficios como es al Registro Agrario Nacional, Juzgado Séptimo, y el Tribunal Agrario 43, en lugar de respetar las tierras que le pertenecen al ejido Las Palmas, lo cual ya ha sido demostrado en todas las instancias que se deben restituir las 2 mil hectáreas donde se encuentran instaladas la planta cementera y dos plantas termoeléctricas.
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