Entregaron en tiempo y forma tres poderes del estado “cuentas públicas” del ejercicio fiscal 2016

*Este es el último paquete de cuentas públicas

*No existen incidencias que reportar

San Luis Potosí.- Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cumplieron con la entrega en tiempo y forma de la documentación que integra sus respectivas cuentas públicas, luego de que este martes 28 de febrero concluyera el plazo legal para su presentación.

El Auditor Superior del Estado,  José de Jesús Martínez Loredo, manifestó que “con la entrega de los tres poderes, se da por concluída la recepción de los paquetes de las cuentas públicas 2016. Anteriormente los organismos autónomos del Estado y los descentralizados de los municipios entregaron sus cuentas el 15 de febrero, mientras que los ayuntamientos hicieron lo propio antes del 31 de enero.

Señaló que por fortuna “no hay incidencias que reportar al término del proceso de entrega de cuentas públicas, así es que a partir de hoy, estamos en condiciones de iniciar oficialmente la revisión a las cuentas públicas del ejercicio 2016, de todos los entes auditables”.

Martínez Loredo, dijo que “iniciamos una etapa del año de arduo trabajo por parte de nuestros auditores para cumplir con el plazo de los informes finales ante el Congreso del Estado, ya que a pesar de que se tienen adelantadas revisiones parciales a informes financieros mensuales y trimestrales, es hasta ahora que empezamos a buscar resultados definitivos emanados de los números que contienen  las cuentas públicas”.

La ASE debe entregar dichos informes del resultado de la revisión de la cuenta pública al Congreso del Estado, a más tardar el 31 de mayo en el caso de los municipios, sus organismos descentralizados y organismos autónomos del Estado; y a más tardar el 15 de junio en el caso de los tres poderes del Estado, según establece la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

“A partir de hoy toda la fuerza de trabajo de la ASE está concentrada en la entrega del Informe Final de Auditoría, que es un documento técnico integrado por la evaluación de la gestión financiera, los resultados de la fiscalización y verificación del cumplimiento de programas y de los principios de contabilidad gubernamental, el señalamiento, en su caso, de las irregularidades detectadas, así como por las propuestas sobre las acciones a seguir”, concluyó el funcionario estatal.