Se busca con este acuerdo, generar mejores políticas de respeto a los migrantes que van en tránsito por San Luis Potosí, o bien que salen o llegan a nuestro estado, y al mismo tiempo se busca con ello cerrarle la puerta a cualquier problema de trata de personas dado que este tipo de ilícitos en ocasiones está muy relacionado con la migración.
El Gobernador, Doctor Fernando Toranzo Fernández firmó hoy en Casa de Gobernadores, el acuerdo con el Jefe de la Misión en México de la Organización Internacional para las Migraciones, Doctor Thomas Lothar Weiss, quien agradeció la disposición y la voluntad de trabajo que muestra el gobierno potosino para tener una mejor política migratorio y poner un alto a la trata de personas.
El convenio tiene como propósito establecer las bases de colaboración para coordinar y desarrollar acciones conjuntas en materia de combate a la trata de personas, y en todo lo relacionado con la migración y la promoción de los derechos humanos de los migrantes, especialmente de la población en situación de mayor vulnerabilidad.
Entre las acciones del acuerdo, se menciona la organización y realización de foros, seminarios, talleres, mesas de discusión, cursos de capacitación, trabajos de investigación, realización de campañas de prevención y difusión, propuestas e iniciativas de carácter legislativo en materia migratoria, y otras acciones que tengan relación con el respeto a los migrantes.
Además, se abrirán programas de asesoría gratuita a los migrantes cuando así lo soliciten, y se impulsará el desarrollo de acciones de prevención para evitar abusos y trata de personas.
Thomas Lhotar, destacó que el Gobierno Potosino promueva este tipo de acuerdos, dado que San Luis Potosí es uno de los estados del país donde ha crecido el transito migratorio y con ello se demuestra un verdadero compromiso de respeto a los derechos humanos.
El Gobernador Fernando Toranzo por su parte, resaltó que este acuerdo habrá de permitir e impulsar en forma conjunta, proyectos específicos que garanticen la protección efectiva de los migrantes e impedir la trata de personas en nuestro estado, “un terrible delito que ha cobrado una gran fuerza y que tiene como víctimas a las personas que transitan en búsqueda de legítimos sueños de bienestar y de esperanza”.
Indicó que el compromiso de su Gobierno es no permitir ni tolerar bajo ninguna circunstancia ni pretexto que en su tránsito por San Luis Potosí, los migrantes sufran acosos, violencia o la violación a los derechos humanos.
“No queremos para nuestros hermanos del sur ni para ningún otro migrante, lo que han padecido nuestro propios pisanos cuando van al norte”, manifestó el Doctor Toranzo.
Añadió que “todos los migrantes sin importar su nacionalidad, tienen derechos que el gobierno está obligado a salvaguardar y respetar, este es un principio que vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias”.
San Luis Potosí –agregó-, es un paso obligado de migración, “y no vamos a permitir el desprestigio del estado por conductas que dañen la imagen de todos los potosinos, por conductas que distorsionen el clima de tranquilidad y la tradicional hospitalidad de nuestra gente”.
Afirmó que “con los migrantes, vamos a seguir una política de respeto pleno a sus derechos humanos y a la legalidad, lo mismo que una conducta transparente y limpia de cualquier signo de corrupción y de legalidad”.
Destacó que este acuerdo que hoy se firmó, va a permitir llevar a cabo acciones conjuntas que permitan un mejor respeto a los migrantes, y eso se podrá lograr mejor con la suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad en general.
En el evento, estuvo también la Doctora María Luisa Ramos Segura, Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); José Ramón Córdoba, Oficial de Enlace en México de la Organización Internacional para las Migraciones y Jorge Humberto Yzar Domínguez, Delegado Federal de la Secretaría del Instituto Nacional de Migración.
También el Presbítero Rubén Pérez Ortiz, Director de Pastoral Social de la Arquidiócesis de San Luis; María Teresa Galicia Saldaña, Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población, y representantes del Ayuntamiento de la Capital y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros funcionarios públicos.
