La comisión de derechos humanos recibió el informe de actividades de la CEDH correspondiente al año 2023

DURANTE EL AÑO 2023 SE RECIBIERON ANTE LA CEDH 1,100 QUEJAS, DE LAS CUALES EL 50% SIGUE EN TRÁMITE Y FUERON EMITIDAS 22 RECOMENDACIONES

En reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, las legisladoras Gabriela Martínez Lárraga, Emma Idalia Saldaña Guerrero y Lidia Nallely Vargas Hernández, recibieron el informe de actividades 2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte de la Presidenta, Giovanna Argüelles Moreno.

La diputada Gabriela Martínez Lárraga dijo que el informe de Derechos Humanos es un instrumento necesario y útil para conocer y evaluar el grado de compromiso que tiene el Estado para cumplir las disposiciones de los ordenamientos internacionales, de la propia Constitución y de las Leyes que emanan de ella.

Dijo que la Comisión de Derechos Humanos ha estado trabajando para fortalecer al organismo estatal, por lo que la comisión legislativa ha aprobado una propuesta para crear una Dirección Jurídica y una Dirección de Seguimiento a Quejas, dictamen que, en próximos días pasará al Pleno del Congreso del Estado.

“Es importante que la Comisión Estatal de Derechos Humanos también tenga las herramientas necesarias y las áreas pertinentes para poderle dar respuesta a la ciudadanía y que la población en lugar de abstenerse de presentar las quejas, al contrario, puedan presentar las denuncias pertinentes en caso de violación a sus derechos.”

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Argüelles Moreno dijo que, durante el 2023 hubo más de 4,300 atenciones, de estas aproximadamente un 70% fueron canalizaciones a instituciones, asesorías y orientaciones jurídicas.

También informó que, hubo más de 1,100 quejas, de las cuales el 50% sigue en trámite y fueron emitidas 22 recomendaciones.

La presidenta Giovanna Argüelles Moreno, dijo que hubo un aumento importante de recomendaciones a los municipios; sin embargo,  también reconoció la apertura por parte de los alcaldes y alcaldesas para trabajar en conjunto y realizar capacitaciones al personal, permitiendo así garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas.