-Pudiera ser el inicio del fin de la corrupción en los organismos de productores
San Luis Potosí.- Ángel de la Vega Pineda y José Luis Ramiro Galero, Presidentes de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina y de la Asociación Ganadera Local de Tamuin respectivamente, fueron sentenciados por la autoridad jurisdiccional se resuelva la denuncia realizada en el mes de febrero del 2009 interpuesta por un socio ganadero ante la delegación de la SAGARPA, para que se aclare la desaparición de 20 millones de pesos.
De acuerdo a información recabada por Amanecer Huasteco, el Juez Quinto de Distrito, ordeno que los directivos de organismos ganaderos son “autoridades responsables” para el juicio de amparo, cuando actúan y aplican las leyes federales.
Es el caso de una denuncia presentada en el mes de Febrero de 2009 por José María de la Vega Larraga, quien denunció irregularidades y omisiones de directivos ganaderos de la huasteca acciones que van en agravio del patrimonio de los productores ganaderos, de tal manera que lo que SAGARPA, RNA, Confederación Ganadera, no quisieron resolver y lo turnan a la UGRHP para que lo resolviera que nunca lo hizo.
En la denuncia se reclama la aclaración en el destino de 20 millones de pesos de utilidades de la Asociación Ganadera Local de Tamuin, que le fueron entregados al entonces presidente de dicho organismo Marco Leopoldo Rivera Nieto por parte del presidente saliente Leonel Enrique Arizavalo González que hasta la fecha se desconoce qué pasó con esos recursos considerados como el “patrimonio” de productores ganaderos de ese municipio y es lamentable que no haya disposición por aclarar los reclamos ganaderos de parte de sus dirigentes al no proporcionar información requerida.
El caso promete ser el inicio de como los agremiados a una Asociación Civil de productores en general podrán en un futuro exigir cuentas claras a sus dirigentes, que viene a compaginar con la Ley anticorrupción, que en el caso en particular del sector ganadero se encuentran involucrados los funcionarios de SAGARPA, SEDARH, RNA y Confederación Ganadera.
A través de este proceso se vislumbra un futuro de honestidad y justicia en organismos de productores del sector agropecuario, porque estos criterios decisivos en el Juicio de Amparo en lo general incluyen a Organismos cañeros, ganaderos, cafeticultores, agrícolas y pesqueros entre otros.
Cabe recordar que la denuncia fue hecha por José María de la Vega Larraga en el mes de febrero de 2009, por la desaparición del patrimonio de 20 millones de pesos de la Asociación Ganadera Local de Tamuin, y después de 5 años se llegó hasta la integración del Expediente 396/2013 del Juzgado Quinto de Distrito donde se ventiló un Juicio de Amparo, luego que el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito ordeno al Juez, que se diera inicio al Juicio de Amparo contra la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina y Asociación Ganadera Local de Tamuin al considerar que si son autoridad competente para juicio.
Por ese motivo en estos momentos se desarrolla el proceso, donde los integrantes de la directiva de los organismos ganaderos están siendo enjuiciados y están cumpliendo con una ejecutoria al ser sentenciados para que se resuelva la denuncia de febrero de 2009 presentada por José María de la Vega Larraga en la Delegación Estatal de SAGARPA para aclarar el destino del patrimonio ganadero.
El incumplimiento con la Ley en organismos de productores por la falta de vinculación con las instituciones y dependencias de gobierno, queda de manifiesto con los tantos problemas de corrupción que padecen, en el caso particular de los ganaderos los incrementos de casos de abigeato en la huasteca corresponde a la “impunidad” con que se violenta la ley ya que encuentran la manera de vincularse con las autoridades federales y estatales, formando mafias que operan con total impunidad.
Finalmente, vale la pena destacar la importancia que tiene este “Juicio de Amparo” contra un organismo ganadero, ya que ahora los ciudadanos, campesinos, ganaderos, cañeros deben saber que si existen caminos para poder frenar la “corrupción” al interior de los organismos de productores, y pueden ser llevados ante las autoridades para que respondan por los delitos en que incurran.
