San Luis Potosí.- En un rápido y eficaz operativo conjunto entre la Policía Ministerial del Estado (PME) y elementos de la Policía Estatal (SSPE), rescataron a una persona que había sido privada de su libertad hacía unas horas y lograron detener a los tres presuntos plagiarios.
Los detenidos fueron identificados como Miguel Eduardo de 38 años de edad y Carlos de 44 años, ambos con domicilio en San Luis Potosí; además de Juan Alejandro, de 33 años de edad, originario de Tamaulipas y quien se desempeñó como policía municipal en ese Estado, mismo que al consultarlo en la base de datos, se encontró que ya había sido detenido en esta ciudad capital por el mismo delito en el 2013, obteniendo su libertad hace tres meses.
Los hechos se registraron aproximadamente a las 14:00 horas del jueves, cuando familiares de un comerciante afectado pidieron el apoyo de las autoridades, señalando que éste había sido privado de su libertad en la colonia Las Flores y los delincuentes les exigían una fuerte cantidad de dinero.
Por lo que de inmediato, los agentes de las Policías Estatal y Policía Ministerial diseñaron un operativo especial, con el fin de localizar el vehículo donde los ahora detenidos habían cometido el ilícito a quien también es concesionario de taxis.
Después de cuatro horas de intensa búsqueda, los agentes tuvieron a la vista un vehículo Nissan Tsuru, color gris, dos puertas y de procedencia extranjera, el cual circulaba por la colonia Los Silos y coincidía con las características señaladas por los testigos.
Al marcarle el alto, los agentes pidieron documentos de la unidad a los tripulantes y les explicaron el motivo de la revisión, por lo que al comenzar el interrogatorio, éstos se pusieron nerviosos y cayeron en diversas contradicciones, hasta que acabaron por confesar su participación en el ilícito y llevaron a los policías a la casa donde escondían a su víctima.
De esta forma, el hombre pudo ser liberado sano y salvo para ser y entregado a sus familiares, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que sea ésta la que defina su situación legal.
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