–APRUEBAN LLAMAR A COMPARECER AL GOBERNADOR DEL ESTADO PARA QUE INFORME SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
San Luis Potosí.- En sesión ordinaria el pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por mayoría, con 21 votos a favor y 3 en contra, el dictamen que desechó por improcedente la iniciativa que promovía dejar sin efecto el Decreto Legislativo aprobado el 07 de septiembre de 2018 por la Legislatura pasada que autoriza al Ejecutivo del Estado afectar hasta 2.5 por ciento mensual del Fondo General de Participaciones como fuente de pago a favor del ISSSTE para cubrir a nombre y cuenta de la SEGE aportaciones y cuotas correspondientes hasta por mil doscientos veinticinco millones, novecientos seis mil setenta y siete pesos, más intereses, actualizaciones y recargos calculados a la fecha de pago, en términos de la Ley del ISSSTE.
Lo anterior porque el convenio que pueda suscribir el Ejecutivo del Estado con el ISSSTE no compromete de ninguna manera y bajo circunstancia alguna la nómina educativa de los siguientes ejercicios fiscales, y además el pago se realizará del Fondo General de Participaciones que corresponde al Estado.
Además, el Decreto autorizado (el cual continúa vigente con el desechamiento de esta iniciativa) no está en los supuestos para la obtención de algún crédito o financiamiento, por ello, no se transgrede lo mandatado en el artículo 57 de nuestra Carta Magna Local que a letra dispone: Son atribuciones del Congreso: … XIV.- Autorizar al Gobernador para contratar empréstitos a nombre del Estado, siempre que sean para la ejecución de obras o inversiones de beneficio social, salvo los que contrate en caso de emergencia por causa de desastre, señalando en todo caso los recursos con que deben cubrirse; según se establece en el dictamen que presentaron las comisiones de Hacienda del Estado; y Gobernación y que fue aprobado por el pleno del Poder Legislativo.
El dictamen agrega que de igual manera, resulta importante mencionar que de acuerdo a lo establecido por el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación que dice: “El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 2018 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.
El Instituto, conforme a los modelos autorizados por su órgano de gobierno, podrá suscribir con las entidades federativas y, en su caso, los municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales que correspondan, los convenios para la regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos derivados de dicha regularización será de 10 años. Para tal efecto, deberán adecuar los convenios que tengan celebrados para la incorporación de sus trabajadores y familiares derechohabientes al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incluir en el mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 204 de dicha ley.” el Estado solicitó la autorización a la LXI Legislatura para suscribir (no es crédito, empréstito o préstamo) convenio con la referida institución.
Por ello y con fundamento en el párrafo primero del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal Federal que a la letra mandata: “las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.”; el Decreto Legislativo 1182 fue aprobado.
En los antecedentes de este adeudo se señaló que con fecha 18 de mayo de 1992, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) celebraron un Convenio de Incorporación Total Voluntaria acorde a lo previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para otorgar los Seguros, Prestaciones y Servicios a los trabajadores de la educación.
El 28 de agosto de 2009 se suscribió por parte del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el convenio modificatorio al convenio referido en el párrafo que antecede a fin de incorporar la responsabilidad de deudor solidario por parte del Gobierno del Estado con autorización de la Legislatura Estatal, garantizando el pago de las contribuciones de seguridad social que se deben enterar, mediante el descuento de las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado por parte del Gobierno Federal.
Sin embargo, a partir del propio 2008, se estableció en la Ley de Coordinación Fiscal una nueva fórmula para la distribución de recursos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en la cual no se consideró el pago de la nómina de maestros del Subsistema de Telesecundarias y otros subsistemas de educación pública a cargo del Gobierno del Estado; por lo que con las modificaciones realizadas, nuestro Estado dejó de percibir una importante cantidad de recursos que al inicio de la presente administración ascendían a 5,835.8 Millones de pesos al disminuir de un 3.25% del monto total del FAEB Nacional de ese año, a un 2.85% en el año 2014.
Esta afectación por el cambio de la fórmula de distribución tuvo consecuencias negativas en 20 Entidades Federativas al encontrarse desigualdades entre los Estados de la República. Situación que generó déficits anuales continuos, provocando una severa presión sobre las finanzas públicas estatales que compromete seriamente la viabilidad financiera del sistema educativo de la entidad.
La insuficiencia presupuestal fue reconocida finalmente por el Gobierno Federal con la creación del FONE y de acuerdo a la asignación autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, el Estado se posiciona nuevamente en un porcentaje similar al que se tenía en 2007 respecto al presupuesto nacional de un 3.22%. Aunado lo anterior, la Federación se encarga de realizar los pagos de servicios personales a nombre y cuenta del Estado.
APRUEBAN LLAMAR A COMPARECER AL GOBERNADOR DEL ESTADO PARA INFORMAR SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Después de esto, en asuntos generales, fue aprobado por mayoría, con 18 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, un punto de acuerdo que presentó el diputado Eugenio Guadalupe Govea Arcos para que el Poder Legislativo de San Luis Potosí acuerde con el Gobernador Juan Manuel Carreras López su comparecencia ante el pleno de la LXII Legislatura, a efecto de que sus miembros le formulen observaciones y cuestionamientos sobre el estado que guarda la administración pública estatal a su cargo en materia de seguridad pública.
Dicha comparecencia se llevará a cabo en la fecha y bajo el formato que previamente acuerden el propio titular del Ejecutivo con la Junta de Coordinación Política de este Congreso del Estado; señala el punto de acuerdo que fue aprobado por considerar que era de obvia y urgente resolución.
Durante la presentación de este punto de acuerdo el diputado Govea Arcos dijo, en la Tribuna Legislativa, que desde el 26 de septiembre de 2015, fecha en que tomó protesta el doctor Juan Manuel Carreras López como Gobernador, al día 30 de septiembre de 2018 se han registrado 1,198 homicidios en el Estado de San Luis Potosí, lo anterior con base en datos precisos de la página oficial del Semáforo Delictivo.
Agregó que el homicidio doloso en San Luis Potosí lleva 9 meses registrando un promedio mensual de 41 asesinatos intencionales, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El promedio de asesinatos dolosos pasó de 25 en 2016, el primer año del Gobernador Carreras, a 37 en su segundo año de gobierno y a los 9 meses transcurridos de este 2018 el promedio ha llegado a los 41 asesinatos mensuales; entre otros índices delictivos.
Antes, fue aprobado por mayoría, con 21 votos a favor y 1 en contra, un punto de acuerdo que presentó la diputada María Isabel González Tovar para que el Poder Legislativo exhorte de la manera más respetuosa a los 58 cincuenta y ocho Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí para que procuren la suficiencia presupuestaria, de acuerdo a su disponibilidad de recursos económicos, en la promoción, respeto y difusión de los Derechos Humanos, dentro de su presupuesto de egresos de 2019.
Además para exhortar al Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí para que procure la suficiencia presupuestaria, de acuerdo a su disponibilidad de recursos económicos, en la promoción, respeto y difusión de los Derechos Humanos, dentro de su presupuesto de egresos de 2019.
Fue aprobado el informe financiero del Congreso del Estado correspondiente a septiembre del 2018. El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Edson de Jesús Quintanar Sánchez, fue el encargado de presentar, en la Tribuna Legislativa, el informe mencionado.
Además, la Directiva recibió notificación de la Junta de Coordinación Política sobre el proceso de entrega-recepción del Poder Legislativo.
También en asuntos generales las legisladoras Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, María del Rosario Sánchez Olivares y Laura Patricia Silva Celis, así como Martín Juárez Córdova y Héctor Mauricio Ramírez Konishi, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI,
presentaron un posicionamiento en torno a que el equipo de transición del Presidente electo de la República Mexicana aclare la legalidad y metodología para elegir muestra y formulación de pregunta sobre conocer opinión respecto a ubicación del nuevo aeropuerto internacional de México. El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konisi fue el encargado de presentar este posicionamiento en la Tribuna Legislativa.
Las diputadas Marite Hernández Correa, María del Consuelo Carmona Salas y Alejandra Valdes Martínez, así como los legisladores Rolano Hervert Lara, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Rubén Guajardo Barrera y Oscar Carlos Vera Fábregat participaron, por separado, en la Tribuna Legislativa, para definir su postura sobre este tema de la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México que promueve el equipo de transición del Presidente electo de la República Mexicana.
Los diputados Edgardo Hernández Contreras y Paola Alejandra Arreola Nieto participaron, por separado, en la Tribuna Legislativa, para desarrollar otros tópicos.
En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; demás Poderes del Estado; entes autónomo y paraestatal; ayuntamientos y organismos paramunicipales e Interapas; Poderes de otras entidades del país; Particulares; Iniciativas y Puntos de Acuerdo.
Agotados los asuntos agendados se convocó al pleno de la LXII Legislatura a sesión ordinaria programada a las 11 horas del martes 30 de Octubre del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Congreso del Estado de Jardín Hidalgo número 19.
