San Luis Potosí.- En el marco de la 35 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el abogado del estado, Federico Garza Herrera, dio a conocer que en San Luis Potosí se trabaja una iniciativa para sancionar de forma severa, a las y los servidores públicos que con sus acciones favorezcan la libertad de los delincuentes, provocando que estos no reciban el castigo por la infracción que cometieron.
En dicha reunión, celebrada hace unos días en el estado de Campeche, el procurador general de Justicia participó con una ponencia relacionada con la protección a las víctimas del delito, donde pondera poner por arriba de cualquier circunstancia los derechos humanos de éstas, sobre los argumentos para liberar a los infractores de la Ley.
Indicó que la iniciativa se presentará al Congreso del Estado en el próximo periodo ordinario de sesiones, misma que consideró de suma importancia porque trata de un tema neurálgico que la sociedad reclama, no solamente en San Luis Potosí, sino en todo el país.
Dijo que cuando se ven casos donde las o los jueces dejan en libertad a personas a las que se les demostró plenamente su responsabilidad en algún ilícito, argumentando que se violaron sus derechos humanos “pareciera que éstos son más importantes que los derechos de la víctima y así no se cumple con el precepto legal de la justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde” no se deben de vulnerar los derechos de quienes se detiene, pero con su liberación se genera impunidad y se afecta de nueva cuenta a la víctima.
Explicó que en estos casos no se está pensando en el daño que se le causó a la víctima, quien solamente quiere que se sancione a quien le provocó un mal y la ciudadanía, simplemente verá frustradas sus esperanzas de justicia pronta y expedita.
Manifestó que los errores en los que se incurre para la liberación de quienes comenten un ilícito, se dan desde los primeros respondientes con la contaminación de la escena del crimen, o con tratos crueles con los que después se alega la violación a sus derechos humanos, y aunque esas prácticas -dijo- se están erradicando en la entidad, se busca que no sean un impedimento en el futuro para que las y los detenidos tengan una sentencia.
“Si nosotros permitimos que esto siga sucediendo, porque faltan sanciones firmes, decididas y severas a quienes causan un daño, estaríamos motivando de alguna manera a que la gente se haga justicia por su propia mano, porque entonces verá que el o la delincuente no tuvo su castigo”, agregó.
Comentó que en muchos estados del país la gente se queja de esta situación “es el sentir de una población que ve que con los actos de terceros, una persona que delinque puede obtener su libertad, lo cual no es justo porque se estará abriendo el camino a la impunidad”.
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